Netflix, el gigante estadounidense de distribución de cine por internet, tenía prevista su llegada a España para este 2012. La empresa acaba de anunciar oficialmente que “no llegará a tierras españolas”. Joris Ever, director de comunicaciones corporativas de Netflix apela a la “rentabilidad global” como motivo principal para justificar su decisión de no expandirse a España.
Según el comunicado del gran videoclub en la nube, “las férreas políticas de propiedad intelectual españolas” y el sistema de compensación (nuevo canon digital) suben los costos de propiedad actual hasta “un 200 y un 300% más caros que en otros países como Francia o Alemania, dato revelado por la Asociación de Internautas Españoles.”
Netflix en números
Netflix es una empresa estadounidense creada en 1999 como servicio de suscripción de alquiler de DVD. Conjugar el futuro digital con el negocio de alquiler de vídeos fue el gran éxito de esta compañía. Actualmente cuenta con un catálogo de 100000 títulos y tiene los derechos sobre unas 3500 películas españolas.
Desde su reconversión al uso de la red, ha llegado a más de 25 millones de usuarios a nivel mundial y se encuentra expandido en 43 países de América Latina y el Caribe. A la lista falta añadir su nueva expansión a Irlanda y el Reino Unido. Este último, fue el país elegido por la empresa para entrar en los mercados europeos, donde los consumidores pueden gozar del servicio de video en streaming por solo 6.99 euros mensuales.
Estas suscripciones mensuales en plataformas legales han representado una verdadera competencia a la piratería. En Canadá, Netflix es la fuente número uno de contenidos audiovisuales, superando incluso a BitTorrent.
Leyes con contradicciones
Internet está cambiando la industria del cine y esta no parece encontrar la manera de encajar en el mundo digital. Las recientes leyes aprobadas para combatir la piratería llegan con incoherencias. La industria del cine celebraba su aprobación y esperaba que las nuevas leyes, junto al cierre de Megaupload, incrementasen de nuevo sus beneficios. Por otro lado, estas leyes están resultando ser restrictivas por los elevados costes que suponen para plataformas legales como Netflix o Filmin, una de las pocas plataformas legales que existe en España y que aún no ha podido tener una gran implantación.
Si Netflix hubiese llegado a implantarse en España con éxito, quizás saldría a la luz otro problema de fondo: la inexistencia del acceso universal a la cultura (que no significa que la cultura sea gratuita, ni es aquí el debate). Quizás el problema de la piratería en España viene dado porque no existen otras maneras de obtener contenidos a un precio asequible. Por término medio, las plataformas cobran entre un euro y tres euros por película, precio que el usuario no está dispuesto a pagar.
Netflix, al ofrecer precios competitivos, podía haber conseguido un importante número de usuarios y esto, probablemente, hubiese significado un descenso de la piratería que tanto preocupa a eminencias de la industria cultural. Podría haber sido el catalizador que necesitaba España para acelerar los cambios en la cultura del internauta, el cual está acostumbrado a no pagar por ningún tipo de contenido
A la hora de elaborar las leyes, no se si los políticos españoles tuvieron en cuenta hasta donde llegarían las consecuencias de la aprobación de la ley Sinde y similares, pero desde luego no tiene mucho sentido que también perjudique a las empresas que deciden cumplir la legalidad vigente.
El consumo de cine está cambiando. Puede que en un futuro miremos las películas a través de las tabletas como en el iPad de Apple, puede que la televisión por IP llegue a todas las casas y puede que la distribución de cine por ordenador se base en la venta y alquiler. El último punto va a ser difícil de cumplir si las leyes actuales de derechos de autor continúan en vigor.
Aunque aún pueden haber cambios: la ley Sinde está en manos del Tribunal Supremo, el cual ha admitido a trámite la demanda que pide la suspensión de la ley Sinde “por considerar que atribuye a un órgano administrativo competencias asignadas por ley a los jueces”, según la Asociación de Internautas.
